La Política Criminal es el conjunto de políticas públicas orientada a decisiones, instrumentos y reglas cuya finalidad es garantizar adecuadamente la seguridad ciudadana sobre la base del respeto a los principios democráticos.
A tales efectos es necesario producir información (estudios criminológicos, estadísticas, encuestas, informes, etc.) que oriente el ejercicio de la programación y realización de una correcta y coherente política pública.